En la semana del 22 al 26 de abril se celebró la Campaña Mundial por la Educación (CME), en la cual se recordó que en el mundo todavía hay 263 millones de niños y jóvenes que no tienen acceso a la misma, por diferentes causas, como “vivir en contextos de crisis o en zonas rurales remotas, la falta de recursos, infraestructuras no adecuadas o carencias de personal docente calificado, y la discriminación por motivos de raza, género o discapacidad”; a esto hay que sumarle los 758 millones de personas adultas analfabetas, de las cuales dos tercios son mujeres. Es por ello que desde el año 2000, la CME ha iniciado diversas acciones encaminadas a “servir de altavoz de las demandas y necesidades de todos ellos”.
El lema de la CME para este año, es “’Pido la palabra por la educación” a través del cual se pretende llamar la atención sobre “la importancia de la participación activa de la ciudadanía, en especial de las comunidades educativas, niños y niñas, a la hora de garantizar el cumplimiento del derecho a una educación de calidad para todos y todas”, así como el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles.
Diecisiete objetivos conforman un plan de acción mundial, firmado en el año 2015 por 196 Estados, el cual deberá cumplirse en 2030 y con el cual se pretende “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, además de promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”.
Para la CME, en la que participan 124 países, el 2017 es “un año crítico de cara a garantizar el cumplimiento de la Agenda de Educación 2030”, tomando en cuenta que durante este año los gobiernos están comprometidos a definir los indicadores con los cuales se evaluará el cumplimiento de los ODS. En tal sentido, la Campaña subraya que es “fundamental llamar la atención sobre la importancia de que rindan cuentas ante la ciudadanía en relación al compromiso adquirido en el ODS4, y de que sean transparentes en los procesos políticos necesarios para cumplirlo”.
Asimismo señala que los responsables de llevar adelante este compromiso son los encargados políticos y las administraciones públicas a todos los niveles, tanto nacional como local, y los exhorta a que “se priorice la elaboración de una hoja de ruta clara y creíble para la implementación de la Agenda de Educación 2030 y concretamente del ODS4, midiendo sus avances y creando los organismos necesarios para su consecución”.
Igualmente solicita garantías sobre la transparencia y la rendición de cuentas que se presentará a los ciudadanos, a fin de estimular la participación de los mismos en estos procesos; de igual forma exige se asegure el financiamiento necesario para costear “la totalidad de la Agenda 2030, tanto a nivel internacional a través de la AOD como estatal, a través del incremento del gasto público en educación”.
LQ